Una vez más, y sin causar
mayor sorpresa, pues es una situación que ya se preveía, en el Congreso
Nacional de la Republica (CNR) se fracaso en un cuarto intento por elegir a
siete magistrados que restan para completar la cuota de 15 que deberían regir
el Poder Judicial hondureño desde el 25 de enero anterior.
La razón del fracaso es más
que clara, la planilla propuesta y que previamente fue concertada entre los
tradicionales partidos Liberal y Nacional, no cuenta con el respaldo mínimo de
86 diputados que la Constitución exige para su elección, a pesar de los
múltiples intentos por garantizar el apoyo de parlamentarios de las bancadas
opositoras.
Las dificultadas enfrentadas
por la clase política representada en el Congreso Nacional para elegir al nuevo
Poder Judicial representan un mensaje negativo, por un lado en nada favorecen a
la estabilidad democrática del país, aunque algunos digan lo contrario, y por
otro, quedan al descubierto intensiones
egoístas y autoritarias que evidencian la falta de consensos alrededor de temas
trascendentales.
Para desenredar este conflicto
entre políticos que no permite el nombramiento de una nueva Corte Suprema de
Justicia (CSJ), la única forma viable es encontrar el consenso, y en este
sentido, no cabe duda que nos encontramos frente al momento oportuno e histórico
para iniciar con los diálogos constructivos anunciados por el propio presidente
de la republica en el seno del hemiciclo legislativo.
Porque no probar con una
planilla conjunta? Una que resulte del análisis y el acuerdo de todas las
bancadas, siete magistrados que no se queden en el límite de 86 votos y que por
el contrario tengan el respaldo de los 128 diputados, debe haber un punto de
coincidencia política que permita esta apertura por el bien de la nación.
En momentos en los que se
busca entrar en una lucha frontal y efectiva contra la corrupción y la
impunidad, lo peor que le puede pasar al país es extender el periodo de
funciones de una CSJ cuyas actuaciones están marcadas por la debilidad
institucional, el manipuleo político y el tráfico de influencias.
De no haber consensos, lo que
hoy sucede en el Legislativo, con la elección de la nueva CSJ será solo el
preámbulo de lo que vendrá en el corto plazo con la escogencia, también por
mayoría calificada, de cargos como el de Fiscal General, Fiscal Adjunto, y de los magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de igual forma, en la aprobación de algunas
reformas constitucionales de las que ya hablan con insistencia algunos líderes
políticos.
