Que la democracia cuesta y vale la pena financiarla, es una
apreciación discutible, para un país como Honduras por ejemplo, con altísimos
niveles de pobreza extrema y con la generalidad de su población viviendo en una
profunda crisis social, este costo es sumamente oneroso.
En nombre de la democracia, el país se ha gastado miles de
millones de lempiras para crear y mantener a una clase política y gubernamental
cada vez más ineficiente, sacrificando recursos que bien pudieran invertirse en
sectores de atención urgente como salud, educación, seguridad o combate a la
pobreza.
La democracia hondureña presenta serias inconsistencias que
aunque conocidas y ampliamente discutidas, no se les ha querido poner atención
por parte de los tomadores de decisiones que por supuesto, son los mismos
interesados en mantener un estado débil y fácilmente manipulable, pero
curiosamente, tampoco ha sido un tema de interés para los líderes gremiales,
empresariales y de sociedad civil.
Para solidificar la democracia se debe comenzar con un
proceso de reformas políticas que permitan al país optimizar recursos y
simplificar la acción de gobernar, reformas puntuales que van más allá del
interés de representatividad de los partidos políticos, se trata del mismo
esquema de elección popular.
Ya va siendo el tiempo de pensar seriamente en reducir el
número de diputados en el Congreso Nacional, la historia de este Poder del
Estado nos demuestra que 128 escaños son demasiados para el trabajo
legislativo, países vecinos como El Salvador (84 diputados), Costa Rica (57) y
Nicaragua (92) demuestran que no es necesaria una cámara parlamentaria tan
numerosa.
Hay quienes por años han pasado por el hemiciclo y no han
presentado un tan solo proyecto de ley, tampoco han participado de discusiones
trascendentales y su trabajo se ha limitado
a sentarse y levantar la mano cuando la ocasión amerita.
Hace algunos años se planteó la posibilidad de la elección de
diputados por distritos electorales como un mecanismo que garantiza una
integración parlamentaria más equilibrada y en donde el elector pueda sentirse
verdaderamente representado, valdría la pena considerarlo.
A nivel municipal, el país no puede seguir absorbiendo el
costo de 298 vice alcaldes que son simplemente figuras decorativas, no tienen
voz no voto en las decisiones de las corporaciones municipales y únicamente
cumplen las funciones que les delega el
alcalde, igualmente irrelevante y financieramente excesivo es el mantenimiento
de tres designados presidenciales (cuyas funciones pudieran limitarse a
solamente uno), los comisionados presidenciales y hasta los mismos gobernadores
departamentales.
Quien diga que la democracia es el mejor sistema para
eliminar la pobreza y alcanzar el desarrollo de los países no se ha percatado
de la realidad hondureña, en los últimos 37 años se agrandó el Estado y se multiplicó
la crisis, y aunque a ciertos grupos les interesa mantener un sistema acorde a su
interés, tarde o temprano llegará el momento de cambiar una democracia en
crisis por una democracia verdaderamente participativa y representativa.
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