Políticos honrados y empresarios transparentes

“Es posible ser político y honrado, ser empresario y ser transparente en las transacciones financieras, ser funcionario público y poner el interés del Estado por encima del personal.”  Esta es una de las reflexiones más destacables del  discurso pronunciado por el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la firma del convenio que dio vigencia a la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Aunque muchos puedan verlo como una utopía, o un sueño difícil de alcanzar en un país acostumbrado a la duda y a la descalificación,  es importante recordar que la honradez y la transparencia son dos principios  vitales que deben ser visibles y comprobables en quienes ejercen la función pública o privada si se quiere lograr un cambio significativo a nivel de las instituciones y también en el ámbito personal.

Hablar de políticos y funcionarios públicos honestos y de empresarios transparentes es reconocer la urgencia que tienen los países de encontrar y promover liderazgos decididos a cambiar una historia de abusos, corrupción e ineficiencia administrativa para construir una nueva etapa guiada por la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.

Nada mejor para un país que encontrar las avenidas para que la sociedad recupere la confianza y la credibilidad en su clase política y empresarial, de esta manera, con el respaldo ciudadano,  es más fácil darle vigencia a las acciones e iniciativas orientadas a alcanzar los más altos niveles de integridad en la toma de decisiones y a crear un estado libre de corrupción e impunidad.

Es tan fuerte el impacto social y económico de la corrupción política y empresarial que no solo incide directamente en la baja condición de vida de sus habitantes, sino que trasciende fronteras al extremo de afectar la imagen país, nadie está dispuesto a invertir en un lugar en donde la justicia es manipulable y tardía y los políticos juegan a su antojo con la ley de acuerdo a sus propios intereses.

Las palabras del señor Almagro son un llamado de atención para entender que tanto en la política, como en la actividad privada, formar honestidad y transparencia es fortalecer la vida y la reputación de cada persona y de cada organización, es cumplir con los compromisos adquiridos y las promesas hechas. 

No basta solo con cuestionar desde afuera, o descalificar las acciones que se emprenden por qué no son del agrado o no favorecen los intereses de ciertos grupos, en la lucha contra el flagelo de la corrupción deben involucrarse decididamente todos los sectores, gobierno, empresa privada, sociedad civil organizada, iglesias, medios de comunicación e incluso, ciudadanos a nivel personal, se trata de un responsabilidad compartida y de permanente observación y auditoria social.

La MACCIH y la lucha anticorrupción.

En la cuenta regresiva para la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), crece la expectativa en relación a la urgente necesidad de fortalecer la capacidad del estado en la lucha contra este flagelo que mucho daño social y económico le ha causado a la nación.

La firma del convenio que da vigencia a la MACCIH coincide en tiempos con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), un aspecto a destacar ya que serán los nuevos magistrados y no los actuales, quienes estarán en permanente contacto con este órgano de apoyo que entre otras funciones establece como prioritario un sistema de justicia efectivo contra la impunidad y que sea pieza esencial del sistema democrático.

Aunque algunos sectores  mantienen sus reservas sobre el papel de la MACCIH en la lucha contra la corrupción, el solo hecho de tener una misión de acompañamiento conformada por juristas internacionales de alta credibilidad y perfil profesional, ya supone un logro importante en cuanto a asesoría y supervisión de las instituciones encargadas de impartir justicia, paso fundamental para una reforma total al sistema jurídico del país.

Con la MACCIH Honduras gana un importante aliado, el país ya entro en una etapa de reforma y normalización del sistema de justicia y ahora no se puede ni se debe volver atrás, es una prioridad, en ese sentido será necesario el apoyo internacional a este proceso de conformación de un sistema integral de justicia independiente y transparente.

A partir de la Misión de Apoyo de la OEA se inicia un proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica, priorizando modelos y acciones orientados a bloquear de una vez por todas, los patrones de conducta ilícita adquiridos en los últimas décadas y que han llevado a construir un imperio de corrupción e impunidad que por sí solo el país no ha podido controlar ni erradicar.

Si bien la investigación y el seguimiento a emblemáticos casos de corrupción es una tarea vital que el país no se puede dar el lujo de pasar por alto, también es un reto a corto plazo, construir verdaderas políticas públicas anticorrupción efectivas y estratégicas que además de prevenir y castigar el delito, faciliten la participación activa de la sociedad civil y organismos no gubernamentales en la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas.

Con la MACCIH estamos ante un gran desafío, para Honduras como estado y para la OEA como acompañante de un proceso que sin duda  será largo, polémico, pero necesario,  la corrupción es percibida como uno de los grandes problemas del país y cada vez es más sensible la insatisfacción y la demanda ciudadana,  en este sentido, la misión internacional se constituye en una importante alternativa de la que se esperan significativos resultado.

La Corrupción y el pobre sistema judicial.

No se necesita ser un experto analista para asegurar que por años, los principales problemas sociales que aquejan a la población en Honduras son la pobreza, la inseguridad, y la violencia, tres flagelos en los que a nivel de país se han han destinado miles de millones de lempiras sin resultados visibles y por el contrario, se agudizan.

En adición a lo anterior, la crisis social hondureña adquiere magnitudes dramáticas con el destape de la impunidad y la corrupción, y la exposición de grandes personajes, considerados intocables por su influencia política y económica, y que durante décadas le han causado a la nación graves daños con secuelas imborrables.

Nadie nos ha dado respuestas concretas sobre la permanente crisis en el deteriorado sector salud, cuyas arcas fueron estafadas con la adquisición de servicios de pésima calidad a precios sobrevalorados, la escasez de medicamentos y el desorden administrativo del sistema, es la corrupción acompañada de impunidad, la responsable de la crisis en los hospitales y centros de salud estatales.

A nivel del sistema de investigación y de justicia hondureño, no hay respuestas ni castigo a los responsables del saqueo abusivo de ministerios e instituciones estatales, el sobrecargo financiero de planillas fantasmas para pagar favores políticos, sigue en una nebulosa el desfalco al Instituto Hondureño de Inversión Social (IHSS) mientras los derechohabientes son víctimas directas de una crisis casi imposible de superar.

La corrupción no respeta espacios, está en el gobierno, en el sector privado, en el deporte, incluso a nivel de ciudadanía, tiene que ver con actitudes, normas de conducta, reglas de vida,  erradicarla es un reto complejo pues se trata de una estructura delictiva tan bien organizada que ocupa las principales esferas de poder, quizás por esto es que hoy se ha convertido en un delito globalizado.

Como en Honduras las autoridades no tienen el peso moral y judicial necesario para castigar este delito, la justicia ha tenido que venir del exterior, específicamente de Estados Unidos, que en los últimos años suspendió en el país programas de apoyo económico como la Cuenta del Milenio por altos niveles de corrupción, y más reciente, la solicitud de extradición ya no solo de personajes ligados al crimen organizado, ahora incluyendo también a reconocidos políticos, dirigentes deportivos y empresarios. 

Sería incorrecto desconocer que a nivel de gobierno se han dado algunos pasos importantes orientados a castigar el abuso de los funcionarios públicos y otros personajes acostumbrados a traficar con el estado, sin embargo, estos esfuerzos se ven minimizados por el pobre y débil funcionamiento del sistema judicial.