La anciana y el presidente; una enseñanza a los funcionarios públicos

Por Aldo Romero/Periodista y catedrático universitario.  

Cuenta una historia que en tiempos de un ex presidente centroamericano, a finales de su mandato, una humilde mujer anciana, con apenas una bolsa de papel en sus manos llegó muy temprano a la casa de gobierno con la intensión de reunirse con el mandatario, pese a que los guardias presidenciales le decían que era imposible ser atendida sin previa cita, la señora permaneció en los portones del edificio afirmando una y otra vez que no se marcharía sin antes hablar con el presidente.

Caída la tarde un guardia presidencial, movido a compasión le comentó al secretario privado la curiosa situación y este a su vez, lo informó al presidente quien a eso de las ocho de la noche accedió a recibirla por unos minutos.

“Señora, a qué debo su vista, qué puedo hacer por usted” dijo el mandatario luego de saludarla con voz cansada y con rostro agotado, a lo que la anciana contestó: “nada señor presidente, no vengo a pedirle nada, simplemente recordé que usted en los días de su campaña se sentó en el puesto donde yo vendo rosquillas, y me dijo que nada le hacía sentir tan bien como tomarse un café con rosquillas, y yo preparé unas especialmente para usted y aquí se las traigo”, el hombre tomó la bolsa, de sus ojos salieron un par de lágrimas y con voz entrecortada le dijo: “señora, muchos vienen a diario a mi oficina a pedir, a exigir, a reclamar derechos y favores para ellos y para otros, y en todo este tiempo usted es la única que vino a dar”.

Cierta o no, la historia deja una enseñanza particular que debe ser tomada en cuenta por aquellos que llegan al poder y por quienes aspiran ocupar posiciones de privilegio en la estructura gubernamental, el servicio a la Patria y a sus ciudadanos debe ser el principal compromiso de un servidor público al margen de la naturaleza de su cargo, sin embargo, la generalidad de aquellos que llegaron y de los que aspiran llegar al poder no es buscar la oportunidad de servir a través de su puesto sino encontrar como servirse ellos y su grupo con el puesto.

Todo servidor público debe reflexionar y meditar en la magnitud de la responsabilidad que implica el desempeño de su cargo, un primer paso debe ser el identificar cómo la población puede resultar beneficiada a través de sus funciones administrativas, operativas o gerenciales.

En Honduras tradicionalmente los puestos de trabajo en la administración pública se han repartido por afinidad y por favores políticos, y a pesar de que en el año 2012 el gobierno aprobó medidas de ahorro y reducción del gasto en varias secretarías aún se mantiene un alto número de burócratas y tecnócratas que además de pedir, exigir y reclamar derechos y favores políticos, devengan jugosos salarios que constituyen una afrenta a la situación económica que vive la mayoría de la población hondureña.

Es hasta cierto punto una irresponsabilidad gubernamental pagar salarios de 80 mil, 100 mil, 150 mil y hasta 200 mil lempiras, como pretendieron hace unos días los comisionados de Coalianza, si tomamos en consideración que la mayor parte de los hondureños vive con menos de un salario mínimo los obreros y con menos tres salarios mínimos muchos profesionales capacitados en las diferentes aéreas del conocimiento.

Ya va llegando el momento en que el país debe contar con un reglamento de contratación de personal para la administración pública, desde los mandos superiores a los intermedios, que defina claramente los perfiles de cada puesto, los conocimientos, experiencia profesional y grados académicos que el candidato de reunir, y un manual de salarios y compensaciones que permita adecuar y equilibrar los beneficios económicos de los funcionarios públicos con la realidad nacional.

No estamos en contra de que los buenos profesionales de la administración pública ganen bien, promovemos desde este escrito que se les pague lo justo, pero así como en la historia de la mujer anciana y el presidente, además de recibir, exigir y beneficiarse del Estado, deben aprender a dar lo mejor de su esfuerzo, capacidades y talento en beneficio de la nación, ese debe ser el primer compromiso de un funcionario público.

Educación Política.

Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario.

Estudiando la política y procurando entenderla como una actividad flexible y de carácter conciliador como forma de gobierno en las sociedades, es común encontrarse con razonamientos controversiales que nos llevan a dudar sobre la fiabilidad de  esta actividad como ciencia y el comportamiento de quienes la explotan o se involucran en ella.

La política latinoamericana, para ser específicos, se debate en los últimos años y de manera permanente en esta controversia, a tal grado, que muchos sectores, en su mayoría de corte populista, cuestionan y debaten peligrosamente sobre el futuro de la democracia en los países calificándola como frágil, incierta y falta de respuestas a los problemas urgentes que afectan a las sociedades.

Esta debilidad de la institucionalidad democrática representa un problema urgente que se debe atender, la democracia no puede sustituir a la política, en gran medida, el éxito de esta depende de la calidad, el talento y el compromiso social de la clase política y de su capacidad para discutir y concertar acuerdos pero también de permitir y abrirse a los disensos y las críticas a su gestión o a su responsabilidad.

Se trata más que todo, de un problema relacionado directamente con la falta de educación política, a nuestros líderes políticos les gusta gobernar pero no están dispuestos a ser gobernados, toman decisiones pero no admiten consejo, aman el poder pero no pueden  ejercerlo con madurez y sensatez.

La educación política debe ser una prioridad en las sociedades democráticas, enfocada en establecer y consolidar  un proceso formativo que promueva y enseñe técnicas para resolver problemas, de la formación de individuos capaces de participar activa y positivamente en procesos de administración pública, que integre esfuerzos concretos en la prevención y en la solución de conflictos.

La educación política prepara y capacita ciudadanos con las habilidades necesarias para la participación y el gobierno serio, propositivo y sostenible, tiene como fundamento el proveer a las sociedades de hombres y mujeres capacitados para encontrar verdaderas rutas de desarrollo económico y social,  y no permite la inclusión de neófitos cuyo conocimiento de la actividad y de la problemática de los países es muy limitado.

América Latina se enfrenta en la actualidad no solo a una grave y cada vez más aguda crisis económica, a esta se suma la crisis política generada por políticos mal preparados e instituciones democráticas y partidistas estructuralmente débiles, con una ciudadanía que exige respuestas pero con muy poca información.

Una verdadera reforma educativa debería entonces incluir la educación política como parte vital de sus programas de estudio desde los niveles básicos al nivel superior, esta comprobado que los principales responsables de los problemas de corrupción y de crisis económicas y sociales que viven nuestras naciones se deben a una clase política sin formación ciudadana, sin conciencia social y sin compromiso de país, necesitamos educar desde ya a los políticos del futuro.

La agenda MACCIH

La Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)  toma fuerza y con ello crecen las expectativas de la población en relación a por fin encontrar una verdadera estrategia que ponga fin a un flagelo que en las últimas dos décadas creció de manera acelerada con tal fuerza e influencia, que logro debilitar y hasta infiltrar a los organismos de aplicación de justicia.

La MACCIH parece ser el punto de coincidencia de los diferentes sectores políticos, económicos y de sociedad civil, salvo muy raras y radicales excepciones, este organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con el respaldo de todo un país que ve con buenos ojos el trabajo de acompañamiento y auditoria que se desarrollara en un periodo inicial de cuatro años.

Si bien el vocero de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, en su mensaje de presentación ante la sociedad hondureña destaco que por ahora no existe una agenda definida o planteada en cuanto a los casos de corrupción específicos, tranquiliza el hecho de también enfatizar que no permitirán injerencia de ningún tipo,  que las investigaciones serán aquellas que la misión defina y que actuaran con total independencia procurando llevar los procesos hasta el final de los mismos.

En tal sentido, la agenda de la MACCIH está abierta, hay casos emblemáticos en la retina de la población, el desfalco multimillonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) seguramente será de los primeros en documentarse y someter a judicialización, también hay quienes presumen que los miembros de este organismo han mostrado especial interés en dar seguimiento a la depuración de la Policía Nacional.

 Adicionalmente, y a la par de acciones concretas, como la reformas al sistema de justicia y las que se pretenden aplicar a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, particularmente en lo que concierne al financiamiento de las campañas, hay una serie de casos que trascienden administraciones gubernamentales y cuyos procesos se han engavetado producto de fuertes presiones políticas y económicas.

No en vano, Jiménez Mayor ha recomendado como una acción prioritaria, la creación de tribunales especializados anticorrupción como una plataforma fundamental para la documentación, investigación y sanción de casos emblemáticos y la obligatoriedad de la devolución de activos adquiridos de manera ilícita, petición que se espera encuentre eco en el seno del Poder Judicial hondureño.

Con la MACCIH en Honduras se espera una nueva etapa de control y limpieza de ilícitos,  está en juego el prestigio y la credibilidad internacional de la OEA y su mecanismo de lucha contra la corrupción,  está en juego la voluntad política mostrada desde inicios de este proceso por parte del presidente Juan Orlando Hernández, está en juego la institucionalidad democrática y jurídica, es hoy o nunca.

Ahora toca dejarles trabajar y ofrecerles un total y decidido respaldo, Jiménez Mayor dijo a manera de compromiso que, “la MACCIH  apoyara a Honduras en la lucha anticorrupción buscando construir nuevos tiempos con integridad y honradez”, y si ellos harán su parte, nos queda a nosotros hacer la nuestra.

Las injusticias de la justicia

Las denuncias de irregularidades cometidas en el Consejo de la Judicatura, mismas que van desde el tráfico de influencias y nombramientos irregulares hasta la obtención de beneficios económicos y viajes para sus miembros, solo vienen a ratificar una vez más que la institucionalidad jurídica del país sigue en un rápido proceso de deterioro.

No es difícil entender como un organismo que en teoría fue creado con la exclusiva intensión de iniciar el proceso de depuración en el poder judicial, y de poner orden en materia administrativa y financiera,  al final termina convirtiéndose en otro elefante blanco surgido de las propias bases de la manipulación política para su propio beneficio.

Esta es una historia que se repite muy a menudo en Honduras, abusos y mala administración de los recursos del estado, nombramientos de personal por afinidad política o de familia y no por capacidad, incrementos salariales selectivos, excesos en viáticos y gastos de representación y muchas otras acciones administrativas sujetas a reparo.

No fue diferente con el Consejo de la judicatura, creado a finales del 2011 como el órgano máximo de gobierno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y con total independencia para iniciar un proceso de depuración entre jueces y magistrados, pero que al final no soporto la presión de un sistema de justicia sometido a la voluntad política y económica. 

La administración de la Justicia en Honduras sigue en crisis, y es aquí donde está el reto de las nuevas autoridades del Poder Judicial, el país urge de acciones contundentes y reformas concretas que deriven en la independencia de poderes, y en el plano jurídico con mayor razón,  esta es la necesidad primaria.

Ya es tiempo de una profunda reforma al sistema de justicia, de aplicar las medidas que correspondan, sin importar a quien afecten, con el fin de garantizar un Poder Judicial que actué conforme a la ley y que genere entre la sociedad niveles de confiabilidad y credibilidad mediante actuaciones transparentes y eficientes.

El panorama actual de la justicia en Honduras no es alentador, por el contrario, cada vez es más visible la presión y las influencias externas que amenazan y debilitan la estabilidad del sistema, pero más preocupante aun, es que sean los mismos funcionarios judiciales los acusados o señalados de cometer actos reñidos con la ley.

La falta de verdadera justicia agudiza la crisis de la sociedad, vivimos en un país en donde la ley favorece a ciertos grupos privilegiados pero está ausente para las mayorías, y en donde la corrupción y la impunidad tienen su fortaleza en el seno del mismo Poder Judicial.