Las denuncias
de irregularidades cometidas en el Consejo de la Judicatura, mismas que van
desde el tráfico de influencias y nombramientos irregulares hasta la obtención
de beneficios económicos y viajes para sus miembros, solo vienen a ratificar
una vez más que la institucionalidad jurídica del país sigue en un rápido
proceso de deterioro.
No es difícil
entender como un organismo que en teoría fue creado con la exclusiva intensión
de iniciar el proceso de depuración en el poder judicial, y de poner orden en
materia administrativa y financiera, al
final termina convirtiéndose en otro elefante blanco surgido de las propias
bases de la manipulación política para su propio beneficio.
Esta es una
historia que se repite muy a menudo en Honduras, abusos y mala administración
de los recursos del estado, nombramientos de personal por afinidad política o
de familia y no por capacidad, incrementos salariales selectivos, excesos en
viáticos y gastos de representación y muchas otras acciones administrativas
sujetas a reparo.
No fue
diferente con el Consejo de la judicatura, creado a finales del 2011 como el órgano
máximo de gobierno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con total independencia para iniciar un
proceso de depuración entre jueces y magistrados, pero que al final no soporto
la presión de un sistema de justicia sometido a la voluntad política y
económica.
La
administración de la Justicia en Honduras sigue en crisis, y es aquí donde está
el reto de las nuevas autoridades del Poder Judicial, el país urge de acciones
contundentes y reformas concretas que deriven en la independencia de poderes, y
en el plano jurídico con mayor razón, esta es la necesidad primaria.
Ya es tiempo
de una profunda reforma al sistema de justicia, de aplicar las medidas que
correspondan, sin importar a quien afecten, con el fin de garantizar un Poder
Judicial que actué conforme a la ley y que genere entre la sociedad niveles de
confiabilidad y credibilidad mediante actuaciones transparentes y eficientes.
El panorama
actual de la justicia en Honduras no es alentador, por el contrario, cada vez
es más visible la presión y las influencias externas que amenazan y debilitan
la estabilidad del sistema, pero más preocupante aun, es que sean los mismos
funcionarios judiciales los acusados o señalados de cometer actos reñidos con
la ley.
La falta de
verdadera justicia agudiza la crisis de la sociedad, vivimos en un país en
donde la ley favorece a ciertos grupos privilegiados pero está ausente para las
mayorías, y en donde la corrupción y la impunidad tienen su fortaleza en el
seno del mismo Poder Judicial.
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