Por Aldo Romero/Periodista y catedrático universitario.
Cuenta
una historia que en tiempos de un ex presidente centroamericano, a finales de
su mandato, una humilde mujer anciana, con apenas una bolsa de papel en sus
manos llegó muy temprano a la casa de gobierno con la intensión de reunirse con
el mandatario, pese a que los guardias presidenciales le decían que era
imposible ser atendida sin previa cita, la señora permaneció en los portones
del edificio afirmando una y otra vez que no se marcharía sin antes hablar con
el presidente.
Caída la
tarde un guardia presidencial, movido a compasión le comentó al secretario
privado la curiosa situación y este a su vez, lo informó al presidente quien a
eso de las ocho de la noche accedió a recibirla por unos minutos.
“Señora,
a qué debo su vista, qué puedo hacer por usted” dijo el mandatario luego de
saludarla con voz cansada y con rostro agotado, a lo que la anciana contestó:
“nada señor presidente, no vengo a pedirle nada, simplemente recordé que usted
en los días de su campaña se sentó en el puesto donde yo vendo rosquillas, y me
dijo que nada le hacía sentir tan bien como tomarse un café con rosquillas, y
yo preparé unas especialmente para usted y aquí se las traigo”, el hombre tomó
la bolsa, de sus ojos salieron un par de lágrimas y con voz entrecortada le
dijo: “señora, muchos vienen a diario a mi oficina a pedir, a exigir, a
reclamar derechos y favores para ellos y para otros, y en todo este tiempo
usted es la única que vino a dar”.
Cierta o
no, la historia deja una enseñanza particular que debe ser tomada en cuenta por
aquellos que llegan al poder y por quienes aspiran ocupar posiciones de
privilegio en la estructura gubernamental, el servicio a la Patria y a sus
ciudadanos debe ser el principal compromiso de un servidor público al margen de
la naturaleza de su cargo, sin embargo, la generalidad de aquellos que llegaron
y de los que aspiran llegar al poder no es buscar la oportunidad de servir a
través de su puesto sino encontrar como servirse ellos y su grupo con el
puesto.
Todo
servidor público debe reflexionar y meditar en la magnitud de la
responsabilidad que implica el desempeño de su cargo, un primer paso debe ser
el identificar cómo la población puede resultar beneficiada a través de sus
funciones administrativas, operativas o gerenciales.
En
Honduras tradicionalmente los puestos de trabajo en la administración pública
se han repartido por afinidad y por favores políticos, y a pesar de que en el
año 2012 el gobierno aprobó medidas de ahorro y reducción del gasto en varias
secretarías aún se mantiene un alto número de burócratas y tecnócratas que
además de pedir, exigir y reclamar derechos y favores políticos, devengan
jugosos salarios que constituyen una afrenta a la situación económica que vive
la mayoría de la población hondureña.
Es hasta
cierto punto una irresponsabilidad gubernamental pagar salarios de 80 mil, 100
mil, 150 mil y hasta 200 mil lempiras, como pretendieron hace unos días los
comisionados de Coalianza, si tomamos en consideración que la mayor parte de
los hondureños vive con menos de un salario mínimo los obreros y con menos tres
salarios mínimos muchos profesionales capacitados en las diferentes aéreas del
conocimiento.
Ya va
llegando el momento en que el país debe contar con un reglamento de
contratación de personal para la administración pública, desde los mandos
superiores a los intermedios, que defina claramente los perfiles de cada
puesto, los conocimientos, experiencia profesional y grados académicos que el
candidato de reunir, y un manual de salarios y compensaciones que permita
adecuar y equilibrar los beneficios económicos de los funcionarios públicos con
la realidad nacional.
No
estamos en contra de que los buenos profesionales de la administración pública
ganen bien, promovemos desde este escrito que se les pague lo justo, pero así
como en la historia de la mujer anciana y el presidente, además de recibir,
exigir y beneficiarse del Estado, deben aprender a dar lo mejor de su esfuerzo,
capacidades y talento en beneficio de la nación, ese debe ser el primer
compromiso de un funcionario público.
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